La Constitución ni siquiera ha cumplido 25 años, y ya ha habido varios “pronunciamientos” para modificarla, incluidas dos consultas populares –una fallida-. La Carta Magna sirvió de instrumento para la vuelta a la institucionalización (que no es democratización) de los años ochenta, pero, a pesar de su corta vida, hoy día es obsoleta.
Obsoleta, porque en vez de favorecer la democratización, entorpece la elección del presidente del Organismo Judicial, los cateos en las madrugadas de la Policía Nacional Civil, la depuración del Congreso, la sustitución del Fiscal General, etc.
Nuestra Constitución fue el intento para que Guatemala dejara de ser un Estado terrorista; pero a cambio hoy día tenemos un Estado pusilánime, incapaz de hacer frente a los retos del siglo XXI, como el crimen organizado trasnacional, los excesos del “libre mercado”, los monopolios y la inevitable pérdida de territorio a manos de Belice.
Con esos antecedentes, el presidente Álvaro Colom manifestó el lunes que no se descartarían plantear reformas constitucionales, quizá para fin de año. Pero esas declaraciones habrá que contextualizarlas. En realidad, ese día, el mandatario felicitó al pueblo boliviano por el referendo constitucional, pero en cuanto a reformas en nuestra constitución, casi no profundizó en ello, pero a Prensa Libre le bastó y le sobró para redactar una extensa nota, titulada “Álvaro Colom no descarta impulsar reformas a Carta Magna”.
Sin qué ni por qué, en esa noticia, publicada por el matutino, se incluyen declaraciones del grupo ProReforma, en donde se ponen sus moños y dicen que tendrían que conocer esas supuestas reformas planteadas por el presidente.
Ya salió el peine.
Me imagino que en Guatemala debe de haber cierta preocupación por el clima político que existe actualmente en Latinoamérica, en donde la mayoría de países se está inclinando por una izquierda –que va desde el populismo hasta la socialdemocracia-, con sus respectivos cambios constitucionales. Y más aún, con el inminente triunfo de Mauricio Funes, del FMLN, en El Salvador, país baluarte del conservadurismo.
Por eso, los sectores hegemónicos deben estar preocupados ante una probable propuesta constitucional, sin importar que ProReforma ya tiene varios meses (dos años, quizá) sin lograr dar impulso a su propuesta.
Lo de ProReforma debería ser tomado en cuenta. Al final de cuenta, en Guatemala casi nadie se toma el tiempo de hacer propuestas. Sin embargo, hay puntos en esa propuesta que no van acorde a los tiempos, sino que buscan mantener el control del poder por parte de la hegemonía. Por ejemplo, el Senado gerontócrata, que se encamina a ser un Senado candado para evitar el perjuicio de sectores poderosos; o la de pedir la depuración del Congreso o la renuncia del Presidente, en dado caso no guste el actuar a los sectores de poder económico.
Las modificaciones en la Constitución son urgentes, para poder crear un Estado más fuerte, menos burocrático y con menos trabas. Sin embargo, estas reformas no deberían ser propuestas por un Congreso o una Asamblea Constituyente, ya que, como todos sabemos, quienes logran acceder a esos puestos representan intereses de monopolios, trasnacionales evasoras y crimen organizado –salvo excepciones-, que son precisamente los grandes males que hay que combatir con una nueva Carta Magna.
Por ello, me parece que las reformas a la Constitución deben ser discutidas desde grupos técnicos de discusión, que evalúen las posibilidades –no de una cirugía plástica del Estado- sino de los cambios mínimos para que Guatemala pueda avanzar en el siglo XXI.
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