La telenovela que ha padecido el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) no parece tener final. Esta institución que pareciera no tener mayor conflicto, se convirtió en el centro de una pugna de poder que pareciera increíble.
En primer lugar, el IDPP tiene como principal objetivo brindar el servicio de defensa ante el sistema de justicia a quien no tiene cómo pagar un servicio privado. Es decir, está destinado a personas sin recursos. Cualquiera creería que la mayor parte de personas que deben enfrentar un proceso preferirían pagar a un abogado de confianza, por lo que contar con los servicios del IDPP sería una desventaja para salir sin castigo.
Como objetivos secundarios, el IDPP brinda otros servicios, como traductores en casos de conflictos en el idioma, o asistencia legal a víctimas, sobre todo a mujeres que sufren violencia intrafamiliar.
Por eso, no se mira por dónde podría estar el interés en la disputa de dirigir esta institución y que ha provocado ya tantos problemas, y que va camino a romper el récord de la Corte Suprema de Justicia de permanecer acéfala.
Para resolver esta duda, basta ver algunos de los casos en que abogados del IDPP han tenido que brindar su servicio. Narcotraficantes, pandilleros ligados a casos de alto impacto (como la llamada masacre de Villa Hermosa) y, más recientemente, el anuncio de que asumirán la defensa de Alfonso Portillo en el caso que se le sigue por peculado.
En estos casos, se duda de que los implicados en realidad carezcan de recursos para costear a un abogado personal, hecho que fue criticado por algunos diputados que, pese a ello, votaron por la continuidad de esta situación en el IDPP con la elección de Remberto Ruiz, a quien se le señala de ser el delfín de Blanca Stalling, directora saliente de la institución.
Obviamente, los abogados del IDPP ya adquirieron la suficiente experiencia en el teje y maneje de nuestro corrompido sistema judicial, por lo que, en vez de ser un handicap tenerlos como defensa, se puede convertir en una ventaja, por la forma en que logran entrampar los procesos.
Baste como muestra el hecho que, pese a que confesaron ser los autores materiales, los implicados en la masacre de Villa Hermosa han sido absueltos, gracias al buen oficio de la defensa del IDPP.
Dirigir el IDPP se ha convertido, pues, en una de las herramientas más efectivas para la impunidad, y, obviamente, las redes criminales que obstaculizan la justicia estarían plenamente interesadas en mantener este canal de obstrucción.
Me imagino que en la cabeza de los constituyentes, era bastante buena la idea de que hubiera procesos complejos de postulación para dirigir el IDPP, la CSJ, la PDH, el MP, la Contraloría y otros puestos que se logran por medio de comisiones, las cuales, pese a una ley específica para transparentar la elección, han sabido sortear las legalidades para que sea finalmente a dedazo.
Sin embargo, simple y sencillamente, estas instituciones deben ser dirigidas por tecnócratas, es decir, por personas que hayan hecho carrera de, al menos, unos 30 años, para conocer a fondo cómo funciona.
El proceso de postulación se ha politizado, porque la Carta Magna establece que lo elijan, finalmente, entes políticos (sino politiqueros). Sin embargo, sería deseable que estas instituciones (incluido el INE, Conred e Insivumeh, entre otros), sean dirigidos por tecnócratas, es decir, que se tecnocratice la elección.
Sería difícil, porque para cambiar estos es necesario cambiar algunos puntos de la Constitución. Sin embargo, nada impide que desde el proceso de postulación se tenga voluntad y se favorezca a quienes hayan hecho larga carrera, y no poner a cualquier "pelón" que se dedique sólo a viajar y a obstruir los procesos.
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