El problema de la violencia en los buses de transporte de pasajeros recrudeció, si no mal recuerdo, en el inicio de la campaña proselitista de las últimas elecciones. Se había señalado, incluso, que la misma estrategia se había utilizado un año antes para los comicios en Honduras, en los cuales resultó ganador Manuel Zelaya, ahora depuesto y exiliado. En esa ocasión, hasta se había señalado a Pepe Lobo, ahora Presidente, de propiciar la violencia en buses de Honduras, como estrategia de desestabilización electoral.
En ese entonces, en la campaña para las Elecciones de 2007, Mario Taracena, que recién se había cambiado del PAN a la UNE, se ganó su espacito dentro del partido -que posteriormente ganaría los comicios- denunciando que el asesinato de pilotos era estrategia para crear la necesidad de una propuesta de “mano dura”, en alusión al entonces eslogan de campaña de los Patriotas.
La violencia en buses se registraba desde años atrás, pero si no mal recuerdo, así fue como recrudeció. A pesar del supuesto tinte electorero que se le dio a la violencia en buses, ésta siguió aún a pesar de que ya se había asentado el Gobierno. Según se le oyó decir al presidente Colom y otras fuentes gubernamentales, los asesinatos era parte de una campaña de desestabilización en contra de las políticas del Ejecutivo. Incluso, uno de los tantos ministros de Gobernación, Salvador Gándara, quiso salir en caballo blanco en este fenómeno, al intentar echarle toda la culpa al Smiley, quien, pese a que fue capturado, se comprobó que no era él el único responsable.
El tema de la violencia en buses parecía ir más allá de una simple extorsión. El nivel organizacional de los ataques sobrepasaba lo que regularmente creeríamos de las maras, cuyos miembros, como se ha señalado, han sido excluidos del sistema educacional y laboral, por lo que sería posible creer que un pandillero no tiene tanta visión global para organizar una desestabilización de grandes magnitudes.
El fenómeno de extorsiones y asesinatos de operadores de buses llegó a niveles insoportables, dejando como promedio al menos un piloto muerto por día, y sus posteriores consecuencias. Hasta que, por si usted no lo había notado, cesó de tajo la violencia de buses en la ciudad capital. Casualmente, desde que empezó formalmente la adquisición de la tarjeta prepago del Transurbano, y esta relativa “paz” continúa, a pesar de los problemas de inconstitucionalidad del proyecto SIGA.
Si usted ha escuchado sobre violencia en buses, es porque se trata de transportes de rutas cortas y extraurbanas. Habitualmente, de Villa Canales, La Antigua Guatemala, la Ruta 4 de Jocotales, las de San Miguel Petapa, entre otras rutas.
Durante el recrudecimiento de la violencia, se tuvo como una hipótesis, y cada vez más fuerte, que en las extorsiones y asesinatos pudieran estar involucrados los mismos pilotos y transportistas, y que la violencia se habría utilizado como una estrategia clásica para monopolizar el servicio.
Hoy día, cuando se ven los beneficios del Transurbano hacia unos pocos transportistas urbanos, esta hipótesis debería adquirir mayor relevancia. Sobre todo, cuando es evidente la caída de los hechos de violencia en buses de la ciudad capital, como si, de repente, los autores intelectuales perdieron en el interés en provocar desestabilización. No se trata de intentar desviar la atención hacia alguien; lo único es que, según las teorías criminalísticas, el mayor número de hipótesis es de beneficio para la investigación.
Publicado originalmente en Diario La Hora.
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