Consultas comunitarias y poder central

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Indudablemente, el gran problema de la democracia -la cual se pregona en el supuesto mundo libre-, es que ésta ha devenido a ser sólo poder que se ejerce en las urnas. Sin embargo, se ha perdido la esencia de ser el poder del pueblo, y nos hemos lavado las manos con dejarle la responsabilidad a nuestros “representantes”, que hacen cualquier cosa, menos representar nuestra voz en las instituciones estatales.

En pleno año electoral, nos damos cuenta de que esta “representatividad del poder” se ha convertido en jugosas ganancias, y que por eso hacen cualquier cosa para alcanzar el poder: trasgreden la Constitución, inician con campañas adelantadas, proponen candidaturas inconstitucionales, envían a sus simpatizantes a enfrentarse con los rivales, etc.

El problema reside en que el pueblo ha perdido el verdadero poder, por cedérselo a los representantes, quienes han hecho un mal uso de él, porque se han vendido al mejor postor, y se han olvidado que están obligados a representar a quienes lo eligieron. Pero ello, básicamente, sucede porque lo hemos permitido.

Nuestros “representantes” se han acomodado tanto a este sistema de democracia representativa, que hasta les incomoda cuando hay acciones que tienden a recuperar el poder del pueblo. Tal es el caso de las consultas comunitarias, que a pesar de que es un ejercicio en que los pobladores se pronuncian directamente sobre el tema, no se toma en cuenta, so pretexto de que no constituye una figura legal.

Un gobernante o funcionario inteligente se daría cuenta que, a través de las consultas comunitarias, podría acercarse al verdadero sentir del pueblo. Pero como inteligencia es de lo que carecen, intentan aferrarse al poder inventando una güizachada y asegurar que las consultas comunitarias no son constitucionalmente vinculantes.

Decenas de consultas comunitarias en diferentes municipios se han realizado para pronunciarse sobre temas que les preocupa, los cuales tienden a rechazar la minería, la explotación petrolera y la energía hidroeléctrica.

El Gobierno central presentó, hace algunas semanas, un “reglamento” para regular las consultas comunitarias. Yo estoy de acuerdo en regularlas, para que haya mayor claridad en las decisiones y que los pobladores vayan a decidir sin sesgos, sin que nadie les diga por qué votar. Sin embargo, considero que es sintomático que el poder central haga esfuerzos por “regular” estos ejercicios de poder local.

No me cabe duda que en nuestro sistema corruptible resulta mucho más fácil sobornar a unos cuantos funcionarios, que convencer a toda una población. Sin embargo, me resulta imperdonable que un pueblo no pueda decidir si quiere o no una explotación minera en el patio trasero de su casa.

Las condiciones de las explotaciones mineras, por poner un ejemplo, serían muy diferentes si las compañías interesadas tuvieran que negociar directamente con los pobladores, en vez de solicitar un permiso a una institución central, que se conformará con que la actividad minera esté lo suficientemente alejado de la Ciudad Capital, y que le otorguen al menos unas migajas de lo extraído, algo así como el uno por ciento.

Si se regularan las consultas comunitarias, seguramente hubiera ejercicios de explotación minera mucho más responsables, en que las compañías se comprometieran a cuidar el medio ambiente, a ofrecer beneficios adicionales a la comunidad afectada (como salud, educación y seguridad), así como asegurar que las regalías sean mayores y que se queden exclusivamente en la comunidad afectada, y no que se destinen a cualquier otra cosa.

Con el intento del Gobierno central de “regular” las consultas comunitarias sólo están evidenciando que no están dispuestos a que se les escape ese poder “representativo”, del cual no han sabido utilizar a favor de los votantes que confiaron en ellos.